El Congreso de la República aprobó por insistencia el Proyecto de Ley N.° 2844/2022-CR, que obliga a las empresas de televisión por suscripción a nivel nacional a incorporar en sus parrillas de programación las señales de radiodifusión local (canales de señal abierta).
Distintas organizaciones y la Asociación Peruana de Telecomunicaciones (APTC) han expresado su preocupación ante esta norma. Desde su punto de vista, la ley representa una afectación directa a la libertad de contratación y a la organización de contenidos en las parrillas de los operadores de TV paga. Uno de los argumentos centrales es que las señales de televisión abierta ya son gratuitas y accesibles por antena, por lo que obligar a los usuarios a pagarlas indirectamente mediante su inclusión forzada en paquetes de suscripción resulta innecesario y hasta inconstitucional.
También se ha señalado que la capacidad técnica de las parrillas es limitada. Por tanto, agregar de manera obligatoria nuevas señales implicaría eliminar otras ya contratadas, afectando directamente la experiencia del usuario. Además, se advierte que esta imposición representa una forma de intervención estatal en contenidos que han sido definidos en contratos privados, lo que puede interpretarse como una intromisión contraria a principios constitucionales.
¿Qué alternativas existen para contrarrestar esta ley?
Aunque el proyecto ya fue aprobado por insistencia, aún existen mecanismos legales y legislativos que podrían activarse:
- Acción de inconstitucionalidad
Cualquier ciudadano, el Defensor del Pueblo, colegios profesionales o congresistas (con respaldo de al menos el 25% del número legal de miembros del Congreso) pueden presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la ley vulnera principios como la libertad de empresa, la contratación privada o el derecho a elegir contenidos. - Modificación o derogación por nueva ley
Es posible presentar un nuevo proyecto legislativo que modifique total o parcialmente esta norma. Esto requeriría una nueva votación en el Congreso y podría ser promovido desde el Legislativo o el Ejecutivo. - Pronunciamiento de entidades técnicas o reguladoras
Organismos como el MTC o el regulador OSIPTEL podrían pronunciarse sobre la viabilidad técnica de la aplicación de esta norma. Aunque no tienen competencia para anularla, sus observaciones podrían ser consideradas para una revisión legislativa posterior. - Alianzas institucionales y presión pública
Las organizaciones del sector pueden articularse con gremios empresariales, medios de comunicación, especialistas y defensores del consumidor para generar presión legal, política y mediática que promueva la revisión o derogatoria de la ley.
Por ahora, el sector se mantiene atento a los próximos pasos y escenarios legales tras la aprobación de esta ley, que podría redefinir el equilibrio entre los derechos del usuario, la libertad empresarial y el rol regulador del Estado en los servicios de televisión por suscripción.
