Un Reglamento con Retraso y Expectativas No Resueltas
Tras una espera de casi dos años, finalmente se ha publicado el reglamento de la Ley N° 31809, “Ley para el fomento de un Perú Conectado”. La norma busca mejorar la conectividad en zonas rurales y de interés social, promoviendo la modernización tecnológica en el acceso a internet de banda ancha. Sin embargo, si bien introduce mejoras en la regulación del acceso a internet y la identificación de zonas prioritarias, persisten vacíos críticos en la estrategia para su implementación efectiva.

Avances Destacables
A pesar de sus limitaciones, la Ley N° 31809 presenta algunos aspectos positivos en su intención de cerrar la brecha digital en el país:

1. Mayor acceso a internet de calidad: Se establecen parámetros de velocidad mínima garantizada y condiciones técnicas que buscan mejorar el servicio en áreas rurales.
2. Actualización del listado de zonas prioritarias: Se crea un mecanismo de actualización periódica para identificar y focalizar los esfuerzos del Estado en las regiones más vulnerables.
3. Sustitución de la telefonía pública obsoleta: Se plantea la modernización de cabinas telefónicas en desuso, reemplazándolas por soluciones tecnológicas más acordes a las necesidades actuales.
4. Reglas claras para operadores: Se otorga un marco normativo que permite a las empresas planificar inversiones en conectividad para áreas de difícil acceso.
5. Compromiso con la reducción de la brecha digital: La norma refuerza la meta de conectar comunidades alejadas, contribuyendo al desarrollo económico, educativo y social.

Cuestiones Críticas Para Considerar
Si bien la ley plantea mejoras en el acceso a internet, su enfoque sigue priorizando los servicios sobre la infraestructura, dejando de lado aspectos esenciales para una implementación efectiva.

1. Falta de un enfoque integral en infraestructura
   El Dr. Víctor Omar Álvarez Herrera, magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública, ex Viceministro de Comunicaciones y especialista en telecomunicaciones, ha señalado que la ley presenta un enfoque limitado al priorizar la calidad del servicio sin abordar estrategias concretas para el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura existente.
   En su análisis, advierte que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con más de 40,791 km de extensión y una inversión que supera los 2,131 millones de dólares, sigue subutilizada, mientras que la norma no contempla una estrategia clara para optimizar su uso en beneficio de la conectividad nacional.
2. Falta de incentivos para la inversión privada
   La ley establece estándares técnicos y normativos, pero no incluye mecanismos de incentivo que fomenten la participación del sector privado en la expansión de infraestructura de telecomunicaciones en zonas de difícil acceso. La ausencia de estímulos financieros o beneficios regulatorios podría desalentar la inversión en estos territorios.
3. Ausencia de plazos concretos para su implementación
   No se han definido plazos específicos para la ejecución de medidas clave, como la actualización de zonas prioritarias o la modernización de la telefonía pública. Sin una planificación detallada y cronogramas de ejecución, el riesgo es que la aplicación de la norma quede en el ámbito de la declaración de intenciones sin avances reales.
4. Expectativas no alineadas con la realidad
   El Dr. Álvarez Herrera ha sido enfático en señalar que el título de la norma, “Un Perú Conectado”, genera expectativas sociales difíciles de cumplir con el contenido real del reglamento. Según su evaluación, esta desconexión entre el mensaje y la viabilidad de su implementación podría interpretarse como una forma de «publicidad engañosa», al generar en la población y en el sector expectativas superiores a lo que realmente puede ejecutarse con los recursos y condiciones actuales.
5. Impacto en los operadores de telecomunicaciones
   Uno de los aspectos más relevantes de la Ley N° 31809 es su impacto en los operadores de telecomunicaciones. Aunque el reglamento establece reglas más claras para la prestación de servicios en zonas rurales, no garantiza un entorno propicio para que los operadores expandan su infraestructura de manera sostenible.
   Algunos puntos críticos incluyen:
   • Carga regulatoria y administrativa: La norma introduce nuevas exigencias para los operadores, lo que podría generar mayores costos operativos sin asegurar un retorno de inversión adecuado en las zonas menos rentables.
   • Falta de subsidios o financiamiento: Sin incentivos financieros concretos, las empresas privadas podrían enfrentar dificultades para justificar inversiones en regiones de difícil acceso, limitando el impacto real de la norma.
   • Uso ineficiente de la infraestructura existente: La falta de estrategias claras para aprovechar la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica representa un desafío adicional para los operadores que buscan expandir servicios en áreas rurales sin duplicar esfuerzos ni costos.

En este contexto, la ley podría generar un escenario de incertidumbre para los operadores, quienes deberán evaluar con cautela los riesgos y beneficios de invertir en conectividad en las regiones más alejadas del país.

Más Ambición y Estrategia para una Conectividad Efectiva
El reglamento de la Ley N° 31809 representa un paso en la dirección correcta al reconocer la necesidad de mejorar la conectividad en zonas rurales, pero su alcance sigue siendo limitado. La falta de un plan sólido para optimizar la infraestructura existente, la ausencia de incentivos para el sector privado y la falta de plazos concretos generan incertidumbre sobre su efectividad real.
Para que el objetivo de un “Perú Conectado” no se quede en un eslogan, es fundamental que se adopten medidas complementarias más ambiciosas que garanticen una política pública sostenible y eficaz en el tiempo.